mercredi 19 décembre 2012

Referéndum en la política de los derechos humanos



Una necesidad para la cohesión nacional
En Argentina y en el exterior, los defensores de los derechos humanos, las ONG que trabajan en ese sector, las organizaciones internacionales, los gobiernos extranjeros, los abogados especializados, la sociedad civil, el ciudadano común, académicos y personalidades, están confundidas cuando se habla de las numerosas víctimas del terrorismo y de los autores de esos hechos graves que dejaron los años ‘70. Cifras, listas, publicaciones, presentaciones, reivindicaciones, ninguna de ellas clarifica ni unifica esas variables que son vitales a la cohesión nacional y a la construcción de un estado de derecho. Los observadores nacionales y de la comunidad internacional se preguntan si el gobierno argentino realiza diferencias jurídicas en el tratamiento y el reconocimiento de las diversas víctimas y de sus victimarios. La misma preocupación se traslada a reconocidas ONG y actores defensores de los derechos humanos[1].

En ese contexto de imprecisiones, inexactitudes, y comentarios erróneos, no se puede afirmar que el gobierno argentino defiende y protege los derechos humanos a todos por igual y sin excepción alguna. Priman decisiones políticas e ideológicas antes que normas jurídicas, constitucionales o internacionales en donde la responsabilidad del estado está en juego[2].

Sabiendo que una política pública de derechos humanos se debe construir con la participación activa de sus ciudadanos, y que estos deben vigilar las acciones de los gobiernos para hacer respectar los mismos, es necesario solicitar con urgencia al gobierno de la presidente Kirchner un procedimiento constitucional para que cada argentino pueda definirse ante esas situaciones confusas, litigiosas. Solo un referéndum puede aportar esa solución en tanto que principio democrático fundamental[3] y previsto en innumerables instrumentos internacionales. Únicamente el resultado de ese ejercicio constitucional, con la participación activa de todos los ciudadanos, validara o no principios esenciales de los derechos humanos.

Ferviente defensor de los principios de justicia, verdad, conciliación, y con el propósito de colaborar al desarrollo de la política pública de derechos humanos comparto ese principio por la necesidad de unificar todas las víctimas de los actos terroristas (nacionales y extranjeros)[4] y con el propósito de llevar ante la justicia todos los autores de esos hechos (agentes del estado, miembros de grupos armados). Caso contrario se estaría en presencia de abuso de poder según las responsabilidades internacionales respectivas[5], se violarían públicamente los derechos humanos y quedarían impunes autores de crímenes horrendos.

La participación ciudadana debe ser sin presiones, pensando en el futuro del país, en una sociedad unificada, consolidada y con espíritu constructivo. Los partidos políticos, los medios, las iglesias, las asociaciones, los actores públicos y privados deben asociarse a la demanda en toda objetividad. La imparcialidad debe ser la regla y el ciudadano debe estar seguro que su voto será escuchado.

El gobierno de la presidenta Kirchner y sus consejeros ad-hoc en esa materia deben compartir esta iniciativa popular porque los resultados del referéndum ayudarán a brindar una legitimidad incontestable al modelo de los derechos humanos de la argentina a nivel nacional e internacional. El poder político no puede ignorar que una respuesta es necesaria en este capítulo de los derechos humanos, el silencio no es la mejor solución.

Propongo para el Referéndum dos preguntas:
1-       Comparte usted la obligación jurídica de juzgar ante los tribunales nacionales todos los autores de terrorismo en los años 70 en Argentina, miembros de grupos armados y agentes del estado. SI o NO
2-       Comparte usted el principio jurídico que el gobierno argentino deba publicar una lista completa, única, precisa, de las víctimas del terrorismo de los años ‘70, nacionales y extranjeros. SI o NO

Cada ciudadano debe solicitar este procedimiento ante los parlamentarios, autoridades políticas, asociativas, miembros del gobierno. No podemos dejar que una política de violación de los derechos humanos se instale[6]. Paris, 19 diciembre 2012. Mario Sandoval-


[1] 1998, décembre, A/RES/53/144: Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.fr
[2] 2001, décembre, A/RES/56/83: Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite,
[3] 2005, décembre A/RES/60/147: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violation graves du droit international humanitaire http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147
[4] Confusión, incomprensión entre las cifras oficiales, asociativas, judiciales, expertos, investigadores....
[5] 1985, novembre, A/RES/40/34: Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm   http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/34

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