Una
necesidad para la cohesión nacional
En Argentina y en el exterior,
los defensores de los derechos humanos, las ONG que trabajan en ese sector, las
organizaciones internacionales, los gobiernos extranjeros, los abogados
especializados, la sociedad civil, el ciudadano común, académicos y personalidades,
están confundidas cuando se habla de las numerosas víctimas del terrorismo y de
los autores de esos hechos graves que dejaron los años ‘70. Cifras, listas,
publicaciones, presentaciones, reivindicaciones, ninguna de ellas clarifica ni
unifica esas variables que son vitales a la cohesión nacional y a la
construcción de un estado de derecho. Los observadores nacionales y de la
comunidad internacional se preguntan si el gobierno argentino realiza
diferencias jurídicas en el tratamiento y el reconocimiento de las diversas
víctimas y de sus victimarios. La misma preocupación se traslada a reconocidas
ONG y actores defensores de los derechos humanos[1].
En ese contexto de
imprecisiones, inexactitudes, y comentarios erróneos, no se puede afirmar que
el gobierno argentino defiende y protege los derechos humanos a todos por igual
y sin excepción alguna. Priman decisiones políticas e ideológicas antes que
normas jurídicas, constitucionales o internacionales en donde la
responsabilidad del estado está en juego[2].
Sabiendo que una política
pública de derechos humanos se debe construir con la participación activa de
sus ciudadanos, y que estos deben vigilar las acciones de los gobiernos para
hacer respectar los mismos, es necesario solicitar con urgencia al gobierno de
la presidente Kirchner un procedimiento constitucional para que cada argentino
pueda definirse ante esas situaciones confusas, litigiosas. Solo un referéndum
puede aportar esa solución en tanto que principio democrático fundamental[3] y
previsto en innumerables instrumentos internacionales. Únicamente el resultado
de ese ejercicio constitucional, con la participación activa de todos los
ciudadanos, validara o no principios esenciales de los derechos humanos.
Ferviente defensor de los
principios de justicia, verdad, conciliación, y con el propósito de colaborar
al desarrollo de la política pública de derechos humanos comparto ese principio
por la necesidad de unificar todas las víctimas de los actos terroristas
(nacionales y extranjeros)[4] y
con el propósito de llevar ante la justicia todos los autores de esos hechos
(agentes del estado, miembros de grupos armados). Caso contrario se estaría en
presencia de abuso de poder según las responsabilidades internacionales
respectivas[5],
se violarían públicamente los derechos humanos y quedarían impunes autores de
crímenes horrendos.
La participación ciudadana debe
ser sin presiones, pensando en el futuro del país, en una sociedad unificada,
consolidada y con espíritu constructivo. Los partidos políticos, los medios,
las iglesias, las asociaciones, los actores públicos y privados deben asociarse
a la demanda en toda objetividad. La imparcialidad debe ser la regla y el
ciudadano debe estar seguro que su voto será escuchado.
El gobierno de la presidenta Kirchner
y sus consejeros ad-hoc en esa materia deben compartir esta iniciativa popular
porque los resultados del referéndum ayudarán a brindar una legitimidad
incontestable al modelo de los derechos humanos de la argentina a nivel
nacional e internacional. El poder político no puede ignorar que una respuesta
es necesaria en este capítulo de los derechos humanos, el silencio no es la
mejor solución.
Propongo para el Referéndum dos
preguntas:
1- Comparte usted la obligación jurídica de
juzgar ante los tribunales nacionales todos los autores de terrorismo en los
años 70 en Argentina, miembros de grupos armados y agentes del estado. SI o NO
2- Comparte usted el principio jurídico que
el gobierno argentino deba publicar una lista completa, única, precisa, de las
víctimas del terrorismo de los años ‘70, nacionales y extranjeros. SI o NO
Cada ciudadano debe solicitar
este procedimiento ante los parlamentarios, autoridades políticas, asociativas,
miembros del gobierno. No podemos dejar que una política de violación de los
derechos humanos se instale[6].
Paris, 19 diciembre 2012. Mario Sandoval-
[1] 1998, décembre,
A/RES/53/144: Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.fr
[2] 2001, décembre,
A/RES/56/83: Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite,
[3] 2005, décembre
A/RES/60/147: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violation graves du droit
international humanitaire http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147
[4] Confusión, incomprensión entre las cifras oficiales,
asociativas, judiciales, expertos, investigadores....
[5] 1985, novembre,
A/RES/40/34: Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir
http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/34
